Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) realizada por el INEGI en 2019, 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México están involucrados en formas de trabajo prohibidas, lo que representa el 11.5% de la población de 5 a 17 años.
La explotación sexual infantil es una violación flagrante de los Derechos Humanos y ocurre cuando se involucra a menores de edad en actos sexuales a cambio de beneficios como dinero, protección o regalos.
La pobreza es uno de los factores que puede contribuir a este problema, pero también se basa en prácticas culturales históricas que someten a estas víctimas al poder del mundo adulto.
La explotación sexual infantil es un delito y un problema social complejo que debe ser abordado por la sociedad y las autoridades.
En 1996 se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Estocolmo, Suecia, donde se establecieron desafíos y acuerdos para enfrentar este problema. Los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente son víctimas y deben ser tratados como personas y no como objetos de consumo.
