Redacción | Grupo Marmor
Cientos de mexicanos salieron a las calles de la Ciudad de México el pasado 4 de julio para manifestarse contra la gentrificación, un fenómeno que, según denuncian, encarece la vivienda y desplaza a los residentes locales debido a la creciente afluencia de extranjeros. Lo que comenzó como una expresión de descontento social tomó un giro inesperado cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos intervino con una polémica sugerencia.
La marcha, que se caracterizó por consignas como “La vivienda es un derecho, no una mercancía” y “México para los mexicanos”, culminó con actos vandálicos que resultaron en daños a quince comercios y propiedades públicas, según informó César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX. Cravioto condenó los hechos, calificándolos de “expresiones xenófobas” y haciendo un llamado al diálogo.
La sorpresa llegó desde el DHS estadounidense. A través de sus redes sociales, la agencia compartió imágenes de la protesta y, en un tono irónico y controvertido, “invitó” a los migrantes sin estatus regular en Estados Unidos que deseen unirse a futuras manifestaciones similares en la Ciudad de México a “autodeportarse” utilizando la aplicación CBP One. Esta declaración se enmarca en un contexto de endurecimiento del discurso antiinmigrante en Estados Unidos.
Este incidente subraya la creciente tensión en la Ciudad de México, donde el incremento de la población extranjera, particularmente de Estados Unidos, ha disparado los precios de los alquileres y generado un debate sobre el impacto en la calidad de vida de los habitantes originarios. México es hogar de una quinta parte de los cinco millones de expatriados estadounidenses registrados en 2023, lo que añade una capa de complejidad a esta dinámica social.