Harfuch confirma que no se retirarán de Sinaloa tras licencia del gobernador Rocha

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Redacción / Grupo Marmor

Nacional.- El Gobierno de México confirmó que mantendrá firme su estrategia de seguridad y el despliegue de fuerzas federales en Sinaloa, brindando respaldo absoluto a la administración estatal y a la gobernadora en funciones, Yeraldine Bonilla, tras la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha. Durante una conferencia de prensa en la Novena Zona Militar de Culiacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dejó en claro que los operativos contra la delincuencia organizada no han concluido y seguirán su curso en estricta coordinación con las autoridades locales.

Como parte de este esfuerzo de pacificación, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que actualmente operan en la entidad más de 13 mil 300 elementos, incluyendo fuerzas especiales equipadas con aeronaves y vehículos oficiales. De acuerdo con las cifras presentadas, esta fuerte presencia federal ha logrado una reducción significativa en los índices de violencia, disminuyendo los delitos de alto impacto en un 44 por ciento a nivel estatal y mejorando la percepción ciudadana.

En el panorama político y judicial local, la situación se mantiene bajo la lupa. La Fiscalía estatal confirmó que el vicefiscal Dámaso Castro permanece en sus funciones a pesar de las recientes menciones que lo señalan por presuntos vínculos delictivos, aclarando que su cargo administrativo no cuenta con inmunidad procesal especial. A la par, se registran importantes movimientos locales, como la licencia temporal del alcalde de Culiacán, mientras que desde el Senado, legisladores rechazan las recientes acusaciones en su contra emitidas por autoridades extranjeras.

Todo este despliegue operativo y reacomodo institucional ocurre en medio de una creciente presión internacional. Se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha comenzado a canalizar solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con el crimen organizado, marcando un escenario complejo para la región.