Redacción / Grupo Marmor
La senadora de la bancada de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra siendo investigada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reportaje revela que la legisladora posee una residencia de lujo con una extensión superior a los 4 mil 400 metros cuadrados en la localidad de Ozumbilla, dentro del municipio de Tecámac, Estado de México, demarcación que gobernó como alcaldesa entre 2018 y 2024; el valor comercial del inmueble ronda los 36.5 millones de pesos, fue omitido en las declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025 entregadas ante el Senado de la República, documentos donde la funcionaria reportó no poseer ningún tipo de bienes inmuebles, vehículos ni inversiones.
Ante los señalamientos de presunta omisión patrimonial, Gutiérrez Escalante salió en su defensa ante los medios de comunicación en el Senado, rechazando categóricamente la existencia de irregularidades en sus declaraciones de bienes. La exalcaldesa argumentó que el terreno fue heredado por su padre y que la construcción de la residencia se financió mediante la actividad empresarial de su familia desde 2004, antes de su ingreso a la política formal. Asimismo, la legisladora justificó la ausencia del inmueble en sus reportes oficiales asegurando que la propiedad fue cedida a sus hijos desde hace varios años, manteniendo ella únicamente una cláusula de usufructo vitalicio para habitarla, por lo que lanzó un cuestionamiento a la prensa sobre si “tener propiedades es un delito en México”.
Sin embargo, la investigación periodística de MCCI contradice la postura de la senadora guinda al exhibir documentos oficiales del Instituto de la Función Registral del Estado de México. De acuerdo con los folios recopilados, el trámite legal que pretendía formalizar la transmisión de la propiedad a sus familiares en 2015 quedó sin efecto tras expirar su vigencia de 60 días, por lo que el predio de casi media hectárea continúa formalmente a nombre de la funcionaria pública. Además, luego de que la organización civil denunciara que un equipo de reporteros asignados a la cobertura del inmueble fue agredido y despojado de un dron por personas identificadas como familiares de la legisladora, hechos que ya fueron denunciados formalmente ante las instancias ministeriales.