Redacción / Grupo Marmor
El hecho sucedió en las instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la investigación liderada por la agencia Associated Press destapó las crueles condiciones que llevaron al suicidio al joven colombiano Brayan Rayo Garzón, de 26 años de edad, un exmilitar que trabajaba pintando casas en San Luis, Misuri, tras haber emigrado en 2023.
El migrante fue recluido improvisadamente en la cárcel del condado de Phelps, donde pasó sus últimos días en un aislamiento total por dar positivo a COVID-19; situación que agravó sus cuadros de ansiedad debido a que el personal penitenciario le suspendió las llamadas nocturnas con las que se comunicaba con su madre para recibir su bendición.
A pesar de haber solicitado atención psiquiátrica de manera urgente y de deslizar notas manuscritas bajo la puerta rogando por hablar con su familia, las citas con los especialistas le fueron canceladas por la falta de personal médico, violando los protocolos internos del propio organismo de seguridad.
Horas después de entregar un último mensaje de auxilio a un guardia, Rayo fue hallado inconsciente con una sábana al cuello. De acuerdo con precedentes registrados: desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, se han contabilizado al menos 10 suicidios de indocumentados bajo custodia federal (en su mayoría hombres hispanos de Colombia, México y Nicaragua), marcando la cifra más alta en la historia fiscal del ICE para un sistema que actualmente alberga a cerca de 60 mil retenidos.
El caso escaló rápidamente llegó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien arremetió de forma categórica contra el sistema de detención norteamericano al calificar los recintos como “campos de concentración”.
El mandatario sudamericano ordenó de manera inmediata a su Cancillería emitir una enérgica nota de protesta formal ante el Gobierno de Washington, sentenciando textualmente que “el gobierno de EE. UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”. Mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan que el sistema busca volver los procesos de deportación lo más inhumanos posibles, el Departamento de Seguridad de la Unión Americana defendió sus operaciones argumentando que estas tragedias siguen siendo hechos “extremadamente raros”.