Redacción / Grupo Marmor
Un Tribunal de Enjuiciamiento desató una fuerte indignación social tras dictar sentencia absolutoria y ordenar la inmediata liberación de 10 elementos de la Policía Estatal de Puebla, quienes se encontraban detenidos desde 2022 acusados del homicidio de tres campesinos indígenas del municipio de Santa María Coyomeapan.
El fallo judicial descartó las demandas de justicia por los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022 en el paraje Cobatzolo, perteneciente a Zoquitlán, donde un operativo derivó en una balacera que cobró la vida de Omar Herrera Raymundo, un adolescente de apenas 15 años de edad; Teófilo Barrera Herrera, de 24; y Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, todos ellos integrantes del movimiento “Unidad por Coyomeapan”. El crimen, que en su momento provocó una crisis social en la Sierra Negra poblana, había sido condenado a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La liberación de los exoficiales provocó severas críticas dentro del propio Congreso de Puebla, evidenciando una profunda contradicción en el bloque oficialista. Por un lado, el diputado local de Morena, Julio Miguel Huerta (quien se desempeñaba precisamente como secretario de Gobernación estatal cuando ocurrieron los trágicos hechos) intentó mantenerse al margen de la situación asegurando ante los medios que solo conoce “lo que todo mundo supo”, limitándose a pedir al Poder Judicial que esclarezca la investigación para dar una respuesta a los deudos.
Por otro ladol, su compañero de bancada y actual presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Andrés Villegas Mendoza, celebró abiertamente la liberación de los exuniformados, una postura que defensores de derechos humanos han calificado como un insulto a la memoria de las víctimas.
A cuatro años de los acontecimientos, el caso ha cerrado su ciclo en los tribunales bajo la sombra de la impunidad y el desamparo institucional. Colectivos civiles y familiares de los campesinos asesinados denunciaron la resolución como un fracaso total del Estado en su obligación de garantizar la justicia para las comunidades originarias, argumentando que los filtros de responsabilidad política y penal fallaron deliberadamente. Mientras las autoridades judiciales dan por concluido el proceso con la exoneración de los agentes, la comunidad indígena insiste en que las muertes del menor de edad y los dos agricultores continúan sin una respuesta oficial clara que castigue a los verdaderos culpables