Redacción / Grupo Marmor
El juez de Oralidad Penal de San Luis Potosí, Francisco Pablo Alvarado Silva, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado públicamente de operar con parcialidad a la hora de perseguir a comunicadores.
El periodista Omar Niño denunció que el juzgador mantiene un patrón de resoluciones “a modo” en procesos que involucran a defensores de derechos humanos y profesionales de los medios. La polémica ha escalado debido a que Alvarado Silva (quien en el pasado se desempeñó como Fiscal Especializado en Derechos Humanos y Director de Delegaciones de la Fiscalía local) cuenta con antecedentes controversiales, como haber otorgado libertad condicional en diciembre de 2025 a un exfuncionario del DIF estatal que estaba condenado por la violación de un menor de edad.
Las acusaciones actuales vinculan directamente al juez con la ejecución de procesos penales derivados de la controvertida “Ley IA”, la cual sanciona el uso indebido de la Inteligencia Artificial. Bajo este marco legal, el pasado 21 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado llevo a cabo las órdenes de aprehensión y reclusión en el penal de “La Pila” en contra de la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón, directora del portal “San Wicho Times”, y de su hija Alejandra Hermosillo. A ambas mujeres se les imputa el delito de suplantación de identidad y manipulación de imágenes digitales mediante herramientas tecnológicas; sin embargo, organizaciones civiles acusan que estos arrestos disfrazan un acto de censura política.
A esta ola de detenciones se sumó el arresto de Christian Herrera, administrador del espacio informativo “Código Rojo” en Ciudad Valles, y la emisión de órdenes de captura contra al menos otras ocho personas. Entre las afectadas destaca la periodista Anahí Torres González, quien reveló públicamente que la parte denunciante en su contra es la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo. Aunque el órgano de procuración de justicia potosino ha insistido de manera oficial en que las imputadas no son periodistas sino administradoras de páginas web, agrupaciones internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras ya emitieron alertas por este patrón de persecución.
El salto directo que realizó el polémico juez desde la estructura de la Fiscalía del Estado hacia el Poder Judicial ha despertado serias dudas entre los analistas sobre la autonomía e independencia del sistema de impartición de justicia en la región. Los críticos de la administración local sostienen que el marco normativo de la Inteligencia Artificial está siendo utilizado de forma severa como un instrumento político coercitivo contra la oposición, mientras que los delitos graves reciben beneficios procesales. Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí ha guardado silencio y no ha emitido ningún pronunciamiento institucional frente a las exigencias ciudadanas de transparencia.