Redacción / Grupo Marmor
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre la detención en Hawthorne, California, de Enrique Martínez Chávez, un exmilitar mexicano de 32 años de edad que se encontraba prófugo de la justicia. Martínez Chávez es señalado por las autoridades judiciales en México como uno de los elementos de las Fuerzas Armadas presuntamente vinculados a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecida en el municipio de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Las autoridades estadounidenses declararon que el sospechoso permanecerá bajo estricta custodia de la institución en Los Ángeles “hasta que pueda ser enviado de regreso” a territorio nacional para enfrentar su proceso legal.
Las investigaciones oficiales establecen que el ahora detenido formaba parte del 27 Batallón de Infantería y fue uno de los 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en los patrullajes nocturnos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De acuerdo con la documentación judicial, este enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada, derivadas de presuntas amenazas en contra de los estudiantes normalistas que intentaban refugiarse al interior del Hospital Cristina en medio de la agresión perpetrada de forma conjunta con la célula criminal conocida como Guerreros Unidos.
El historial procesal de las órdenes de aprehensión contra los militares ha estado envuelto en complejidades institucionales desde el año 2022, cuando un juez concedió inicialmente 83 mandamientos de captura a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, semanas después, el Ministerio Público federal solicitó la cancelación de al menos 21 de ellas, incluyendo la de Martínez Chávez y la de otros 15 uniformados acusados de delincuencia organizada, lo que en su momento visibilizó un marcado conflicto interno entre los altos mandos de la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Pese al cese temporal de las acciones legales en 2022, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó y liberó formalmente en junio de 2023 las órdenes de captura contra este bloque de efectivos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. En dicha lista ministerial se reafirmó la búsqueda de Martínez Chávez junto a otros elementos como Uri Yashiel Reyes Lazos, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Juan Andrés Flores Lagunes, entre otros. Doce años después de los acontecimientos, el caso continúa bajo un lento desarrollo en los tribunales y mantiene una alta sensibilidad social en todo el país.