Salvador García Espinosa / Grupo Marmor
El concepto de competitividad ha sido utilizado como un elemento para evaluar ciudades o países en el ámbito nacional e internacional. Bajo la consideración de que una localidad competitiva resulta más atractiva a la inversión para retener talento, y aquella capaz de crear mejores condiciones, capacitando más a la fuerza de trabajo, elevando la productividad y ofertando mejores condiciones urbanoambientales e institucionales.
En el país, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza año con año el Índice de Competitividad Urbana (ICU) para conocer el desempeño y los retos que presenta cada ciudad. Establece cuatro categorías de acuerdo con el número de habitantes: aquellas ciudades de más de un millón, de 500 mil a un millón, de 250 mil a 500 mil y aquellas menores a 250 mil habitantes.
El índice comprende 35 indicadores agrupados en 6 subíndices, el índice evalúa a 66 ciudades, donde viven más de 62% de los mexicanos y que afecta a dos de cada tres personas en la Población Económicamente Activa (PEA). Llama la atención que solo Morelia aparece como la única ciudad de la entidad, en el listado de 66 ciudades evaluadas, mientras que en otros casos se enlistan hasta 3 o 4 ciudades de una misma entidad.
En 2024 Morelia se ubicó en el 14º lugar de entre 20 ciudades de más de un millón de habitantes, las ciudades mejor evaluadas en dicha categoría fueron Saltillo, CDMX, Monterrey y Guadalajara. Para 2026 la capital michoacana descendió al 15º lugar de 21 urbes superiores al millón de habitantes, y las mejores evaluaciones las obtuvieron Querétaro, Guadalajara, Hermosillo y Saltillo.
En el caso específico de Morelia, son varios los factores a los que se puede atribuir la disminución de competitividad; pero de manera puntual puede atribuir en buena medida al retroceso en algunos indicadores, como el incremento en victimas en accidentes relacionados con transporte en la categoría de Infraestructura.
En la categoría de Mercado de Trabajo, los indicadores en los que los que se ha retrocedido en la brecha de ingreso por género. En la categoría de Derecho el indicador más significativo es la percepción de inseguridad, que pasó de 24.2% de personas que reportaron sentirse inseguras en 2024, a 33% en 2026, y la agresión a periodistas, medida en agresiones por cada millón de habitantes, que pasó de 2.9 en 2024 a 5.7 en 2026. Así como el incremento, durante este mismo periodo, se presenta en el porcentaje de adultos que considera que las prácticas corruptas son frecuentes y muy frecuentes.
Es fundamental que los gobernantes comprendan la relevancia de la seguridad, que ha sido abordada desde una lógica punitiva, basada en el uso de tácticas militares, dado que la manifestación más notoria de la inseguridad se deriva de la violencia resultante del enfrentamiento entre grupos criminales y de éstos con fuerzas de seguridad nacional, estatal o municipal. Se debe asumir que su impacto ha sido inevitable en miles de personas que ven modificada su cotidianidad ante la inseguridad real y percibida; cuando la violencia se vuelve parte de lo cotidiano, los lazos sociales se fracturan, disminuye la confianza institucional y se limitan las oportunidades de desarrollo.