Redacción / Grupo Marmor
Familiares de la enfermera Saraí Martínez y de su pequeña hija Evolet, quienes fueron localizadas sin vida en la agencia de San Martín Mexicapam, en Oaxaca de Juárez, emitieron un posicionamiento público para aclarar que el hecho no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio derivado de una cadena de omisiones y violencias institucionales ejercidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Saraí se desempeñaba en uno de los planteles de salud y, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, laboró en la primera línea de atención médica, situación que desencadenó un deterioro severo en su estado de salud mental.
De acuerdo con las declaraciones, la enfermera padecía de cuadros clínicos de ansiedad, depresión, distimia y síndrome de burnout (desgaste profesional), padecimientos que fueron formalmente diagnosticados y evaluados por los propios médicos adscritos al IMSS. A pesar de tener pleno conocimiento de la gravedad de su salud, la delegación de la institución procedió a terminar su relación laboral el 17 de marzo de 2026, una postura de despido definitivo que el organismo reiteró durante una audiencia conciliatoria celebrada el 30 de abril de 2026; un día después de dicha resolución, madre e hija fueron halladas muertas en su hogar.
Durante una conferencia de prensa respaldada por la organización Consorcio Oaxaca y colectivos de familias de víctimas de feminicidio, Leny Martínez, hermana de la enfermera, denunció firmemente que cuando una institución del Estado conoce padecimientos graves y advertencias clínicas de riesgo, no puede tratar a la persona como una empleada problemática o una carga administrativa. Los padres de la víctima, Sonia Domínguez y Teófilo Martínez, así como su hermano Fernando Manuel, recalcaron que la rescisión de contrato de una persona en ese estado de vulnerabilidad emocional no puede desligarse del entorno médico y humano en el que se encontraba.
Por lo anterior, la familia rechazó de manera categórica las narrativas oficiales y de los medios de comunicación que redujeron la muerte de Saraí y Evolet a un asunto de nota roja, exigiendo que se esclarezca la verdad completa para redignificar y resignificar la memoria de ambas. De igual forma, demandaron la implementación inmediata de medidas reales de no repetición dentro del IMSS, tales como protocolos verificables de detección, atención, seguimiento y protección de la salud mental de su personal, mediante una intervención coordinada a nivel médico, psicológico, psiquiátrico, laboral y sindical.