Redacción / Grupo Marmor
En la región Huasteca un operativo violento de desalojo ejecutado la mañana de este martes 9 de junio en el predio “La Peña”, dejara como saldo preliminar la destrucción de hogares de más de 100 familias originarias, múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza y la desaparición forzada de seis comuneros indígenas.
Pedro González Gómez, secretario de pueblos indígenas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), denunció que los hechos comenzaron alrededor de las 6:00 horas, cuando un grupo de cerca de 100 civiles encapuchados y vestidos de negro, portando escudos y toletes, irrumpieron en el campamento comunitario. Posteriormente, arribaron patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Policía Ministerial. Las fuerzas del orden y los civiles arremetieron con violencia bruta contra hombres, mujeres, infancias, adultos mayores y personas con discapacidad.
Durante el despliegue fueron capturados nueve integrantes de la etnia tének; tras la presión social y protestas, tres fueron liberados y abandonados en un camino tras ser severamente golpeados. Los liberados alertaron que el dirigente de la comunidad, Anselmo Gómez, fue subido a una patrulla en estado inconsciente debido a las golpizas. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han reportado el paradero legal ni físico de las siguientes seis personas:
- Adriana Santos Bautista (mujer joven)
- Anselmo Gómez Juana (dirigente comunitario)
- Antonio Reyes Martínez
- Antonio Reyes Santiago
- Feliciano Santos Sánchez
- Miguel Santos
La CIOAC aclaró que las familias afectadas no son invasoras. El predio “La Peña”, de unas 200 hectáreas, originalmente estaba conformado por ranchos particulares cuyos dueños abandonaron a sus trabajadores hace más de tres décadas sin pagarles liquidaciones. Al quedar desamparados, los jornaleros se asentaron y trabajaron la tierra de forma continua, pública y pacífica, naciendo allí hijos y nietos. El caso se mantenía bajo análisis formal en mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno e instancias federales como la Sedatu y la Procuraduría Agraria para su regularización.
Sin embargo, debido a que el predio se localiza estratégicamente a solo 200 metros de la cabecera municipal, se convirtió en objeto de ambición inmobiliaria para desarrollos urbanos privados. La organización campesina señaló directamente al ex diputado local José Antonio Zapata Meraz de ostentar escrituras de compra del terreno sin haber tenido jamás la posesión, operando el despojo en complicidad con la alcaldesa Silvia Medina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la justificación de un proyecto privado de mil viviendas.
Ante el desacato de los canales de concertación agraria, colectivos defensores de los derechos de la tierra han enviado alertas urgentes a la Secretaría de Gobernación federal (Segob) y a la Presidencia de la República, exigiendo la presentación con vida inmediata de los seis desaparecidos y el cese de las agresiones contra los pueblos originarios.
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