Por Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
El gobierno del socialista Pedro Sánchez, esperaba que España regularizase a medio millón de inmigrantes con un proceso extraordinario que inició el pasado 20 de abril y que hoy termina. Las solicitudes de regularización ya superan el millón.
Hay tanta alharaca entre los partidos políticos de oposición que el Tribunal Supremo considera la posibilidad de llevar este proceso de regularización extraordinaria, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
Que más de un millón de inmigrantes puedan regularizar su situación tiene sobre todo un interés económico: para Hacienda significa que gente con trabajos informales puedan emplearse y pagar impuestos y también aportar para su seguridad social. El sistema de pensiones requiere más aportaciones para sostener su viabilidad futura.
Para la oposición, estos inmigrantes son una lacra social e incluso ven tintes electorales en las razones detrás de esta regularización masiva. Aunque, en realidad, el gobierno de España solo otorgará un permiso con residencia de trabajo por un año y será prorrogable en la medida que se demuestre que hay una actividad económica.
Aquí en Madrid, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, dijo que la enorme popularidad del programa revelaba su urgencia: “El hecho de que más de un millón de personas presentaran solicitudes demuestra lo necesario que era este reconocimiento de derechos y responsabilidades”.
Sánchez y los miembros de su gabinete vienen repitiendo que la inmigración solo favorecerá el crecimiento de España y le permitirá afrontar su crisis demográfica.
“Sin inmigración, el PIB de España sería un 19% menor en 2050. ¿Y, qué significa eso en términos empresariales? Significa, por ejemplo, que 90 mil bares tendrían que cerrar: que 50 mil aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y que alrededor de 220 mil granjas desaparecería”, añadió.
Una España sin inmigración, afirmó el mandatario solo será más pobre, más débil, más vacía y sin los recursos necesarios para financiar al Estado de Bienestar.
Si bien, otros años han existido programas de regularización, implementados no solo por otros gobiernos del PSOE también del Partido Popular que es más conservador, ninguna regularización había recibido tantas críticas como la actual.
El PP ha sugerido que esta medida desbordará a los servicios públicos españoles, mientras que Vox ha afirmado que Sánchez intenta provocar la transformación demográfica, social, laboral y electoral de España.