UMSNH: dos rutas, una Rectoría y una disputa por la autonomía universitaria

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La sucesión para el periodo 2027-2031 enfrenta al Congreso y al Consejo Universitario; un amparo y la inconformidad de académicos elevan la tensión en la Casa de Hidalgo.

“La columna”/ Grupo Marmor

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida institucional. La elección de quien ocupará la Rectoría para el periodo 2027-2031 dejó de ser un simple proceso de sucesión y se convirtió en una disputa política, jurídica y universitaria que tiene como telón de fondo una pregunta: ¿quién tiene la facultad de decidir el futuro de la máxima casa de estudios de Michoacán?

El conflicto tiene dos protagonistas institucionales: el Congreso del Estado y el Consejo Universitario. Ambos impulsan procedimientos distintos para definir quién ocupará la Rectoría durante los próximos cuatro años.

Dos caminos para llegar a la Rectoría

El primer camino surgió desde el Poder Legislativo. El pasado 3 de noviembre, el Congreso de Michoacán aprobó, con 32 votos a favor, tres en contra y una abstención, una reforma a los artículos transitorios de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana.

El cambio establece que, por única ocasión, la designación de la persona titular de la Rectoría para el periodo 2027-2031 estará a cargo de una Comisión de Rectoría integrada por ocho personas: cinco exrectores, el decano de los directores de escuelas, facultades e institutos, el decano del profesorado en activo y un representante estudiantil con el promedio más alto.

Este mecanismo recupera el modelo de designación por una comisión y aplaza hasta el periodo 2031-2035 la aplicación del nuevo esquema previsto en la Ley Orgánica.

El segundo camino es el impulsado por el Consejo Universitario, encabezado por la rectora Yarabí Ávila González.

El máximo órgano de gobierno universitario aprobó su propia convocatoria el pasado 14 de noviembre, con la intención de realizar un proceso que contempla el registro de aspirantes, revisión de perfiles, difusión de propuestas y una jornada de auscultación entre la comunidad nicolaita.

Posteriormente, se integraría un grupo de cuatro aspirantes para que la Comisión Especial del Consejo Universitario elija a la próxima autoridad.

La convocatoria fue aprobada con 62 votos a favor, nueve en contra y seis abstenciones.

La diferencia es importante: mientras el Congreso plantea que una Comisión de Rectoría designe directamente a la nueva autoridad, el Consejo Universitario defiende un procedimiento que incorpora la participación de la comunidad universitaria y mantiene la elección dentro de sus órganos institucionales.

La inconformidad crece entre los académicos

La confrontación no se ha quedado únicamente en el terreno legislativo.

Seis académicos manifestaron su decisión de no participar en la convocatoria emitida por el Consejo Universitario, al considerar que debe respetarse el mecanismo establecido mediante la reforma aprobada por el Congreso.

Entre las voces que han expresado su inconformidad se encuentran académicos como Ireri Suazo Ortuño y Dante Ayala.

Esto significa que la discusión también ha llegado al interior de la comunidad universitaria, donde no existe una postura unificada sobre cuál debe ser el procedimiento para renovar la Rectoría.

El amparo que encendió otra controversia

En medio de este escenario apareció el nombre de Jorge Arturo Arana Sandoval, señalado en la controversia judicial relacionada con la elección.

El expediente de amparo indirecto 1637/2026, radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Michoacán, fue promovido por el abogado Iván Calderón Suárez, quien manifestó bajo protesta de decir verdad que desconocía el paradero de Arana Sandoval desde la noche del 13 de noviembre.

De acuerdo con la explicación difundida por la Universidad, el juzgado emitió el 16 de noviembre medidas de suspensión de oficio y de plano relacionadas exclusivamente con la protección de la vida y la libertad personal, así como acciones para su búsqueda y localización.

La institución sostiene que esta resolución no suspendió la convocatoria ni los acuerdos del Consejo Universitario.

Sin embargo, el mismo 18 de noviembre, Quadratín publicó información sobre otra determinación judicial que, según su reporte, habría suspendido los efectos de los acuerdos del 13 de noviembre y la convocatoria para la elección rectoral.

La diferencia entre ambas versiones no es menor. Para establecer con certeza el alcance de las medidas judiciales es necesario revisar las resoluciones completas, identificar los actos reclamados y determinar si se trata de la misma actuación o de determinaciones distintas.

Por ahora, no debe confundirse una medida de búsqueda y protección personal con una suspensión de los actos relacionados con la elección.

La autonomía, el verdadero trasfondo

Más allá de los nombres, las fechas y los procedimientos, el conflicto coloca nuevamente sobre la mesa el alcance de la autonomía universitaria.

Este principio, reconocido en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución mexicana, garantiza que las universidades autónomas puedan gobernarse a sí mismas, determinar sus planes y programas y administrar su patrimonio.

Por ello, la intervención del Congreso en el mecanismo de sucesión abrió un debate sobre los límites de las facultades legislativas frente al autogobierno universitario.

Por una parte, los legisladores argumentan que su reforma busca dar certeza jurídica ante la falta de adecuaciones normativas para implementar el nuevo modelo de elección.

Por otra, la postura universitaria defiende que la institución cuenta con autonomía y facultades para conducir su propio proceso de sucesión.

No se trata únicamente de decidir si la próxima Rectoría será elegida por una comisión u otro órgano universitario. También está en discusión qué tanto pueden intervenir las autoridades externas en las decisiones internas de una institución autónoma.

Una sucesión que todavía no tiene certeza

El calendario aprobado por el Consejo Universitario establece el 25 de noviembre como fecha para la auscultación, el 1 de diciembre para la elección y el 8 de enero de 2027 para la toma de protesta.

Pero la continuidad de esas etapas depende de la evolución de la controversia jurídica y de la definición sobre cuál mecanismo debe prevalecer.

La sucesión de la Universidad Michoacana enfrenta así tres frentes: la disputa entre el Congreso y el Consejo Universitario, la inconformidad de sectores académicos y la controversia judicial.

Al final, la pregunta que permanece no es solamente quién será la próxima persona rectora de la Casa de Hidalgo, sino quién tiene la facultad legal para elegirla.

Porque en esta disputa está en juego mucho más que una Rectoría: está en juego la autonomía, la gobernabilidad y la certeza institucional de una de las universidades públicas más importantes de Michoacán.