Luego de que, en sesión ordinaria, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobara la Política Estatal Anticorrupción (PEA), este día se presentaron las particularidades de este documento que guiará los esfuerzos que se harán en Michoacán para prevenir y combatir la corrupción en los próximos años.
La PEA es el primer documento estratégico en Michoacán que marca la ruta para la atención coordinada entre los Órganos del Estado para el efectivo combate a la corrupción pública en la entidad, desde 4 ejes: combatir la impunidad, fortalecer la cultura de la legalidad, impulsar la participación ciudadana y garantizar la transparencia y el control de los recursos públicos.
Además, se contemplan como principios transversales que se tendrán en cuenta en toda la ruta de implementación, sus prioridades y correspondientes acciones: 1 Derechos Humanos, con especial énfasis en perspectiva de género e interculturalidad atendiendo al contexto particular de Michoacán; Gobierno Digital y Gobierno Abierto.
La PEA, contempla 24 prioridades de atención en temáticas relacionadas con trámites y servicios, denuncias y sanciones, Inteligencia institucional, rendición de cuentas, profesionalización del servicio público, participación ciudadana, ética pública, gobierno abierto, control y fiscalización de los recursos públicos, compras públicas, gobierno digital, fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, vigilancia social, transparencia, gestión documental, evaluación y seguimiento, Plataforma Digital Estatal, riesgos y programas sociales.
Cabe señalar que la Política Estatal Anticorrupción encuentra alineación con la Política Nacional Anticorrupción para dar articulación al logro de objetivos comunes que dan razón de ser al Sistema Nacional y locales anticorrupción. No obstante, los ejes que enmarcan la Política Estatal en Michoacán y las prioridades de atención, surgen de la contextualización del fenómeno en la entidad, de acuerdo con el Diagnóstico del problema público a nivel local, cuyo análisis causal deriva en la definición del problema público a atender. En el diagnóstico, se comprende el análisis y sistematización de información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fuentes oficiales, indicadores y evaluaciones de organismos nacionales e internacionales, datos contenidos en la Política Nacional Anticorrupción, consultas ciudadanas y estudios focalizados llevados a cabo por la propia Comisión Ejecutiva del SEA.
Cabe señalar que esta planeación estratégica es un documento colectivo, realizada con rigor metodológico, y que constituye el primer paso clave para articular capacidades de los Órganos del Estado en propuestas de atención contra la problemática identificada.
La Política plantea un horizonte a largo plazo y marca sentido de dirección y lógica instrumental al Sistema Estatal Anticorrupción y a los Órganos del Estado para el combate a la corrupción pública y su ejecución no está determinada a períodos gubernamentales.
De esta Política derivará el Programa de Implementación que contendrá las acciones y objetivos específicos a alcanzar en el corto plazo y las instituciones partícipes en su ejecución, para el logro de resultados que beneficien a la sociedad michoacana.