Redacción / Grupo Marmor
Bajo la consigna de “¡Aquí no!”, las comunidades indígenas mayo-yoreme anunciaron que este lunes 15 de junio llevarán a cabo la toma indefinida de las instalaciones de la megaplanta de amoniaco construida en la bahía de Ohuira, en el estado de Sinaloa. El proyecto, desarrollado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) (filial del grupo suizo-alemán Proman), cuenta con un financiamiento de 860 millones de dólares y un avance del 88 % en sus obras, las cuales pretenden generar una producción de 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, advirtió sobre la movilización minutos después de sostener un diálogo con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena. El líder nativo aclaró que, aunque el Gobierno de México busca entablar mesas de trabajo mediante la Semarnat y la Profepa, las comunidades aceptarán el diálogo únicamente si se suspenden de forma inmediata los trabajos de construcción. Los manifestantes sostienen que la megaplanta representa un inminente ecocidio y etnocidio que provocará el desplazamiento de más de 6,600 indígenas de las localidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos.
A lo largo de 12 años de resistencia, científicos y organismos internacionales como la ONU han alertado que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco. Al devolverse a la bahía con una temperatura de hasta tres grados más, se dañará drásticamente el ecosistema y la pesca, que es el sustento principal de la zona de Topolobampo. Adicionalmente, el proyecto afecta directamente al humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio declarado de importancia internacional (RAMSAR), donde ya se reporta el relleno de 28 hectáreas de humedales y la destrucción de manglares.
La comunidad también denunció los riesgos latentes de fugas de gas que, según informes de la propia empresa, podrían generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, afectando a unas 40,000 personas sin que la región cuente con la infraestructura de Protección Civil necesaria para una evacuación. Finalmente, Montaño acusó que la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte en 2022 fue manipulada mediante la compra de votos en zonas no afectadas directamente, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT.