Redacción / Grupo Marmor
El pago a intermediarios, las fluctuaciones cambiarias impredecibles y el constante temor a enfrentar consecuencias migratorias han transformado el envío de divisas en un proceso de profunda ansiedad para la comunidad indocumentada o en el exilio. En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares, celebrado cada 16 de junio por la Asamblea de las Naciones Unidas, diversos testimonios evidenciaron el fuerte desgaste en la salud mental que sufren los trabajadores para hacer llegar recursos a sus seres queridos, un flujo financiero que a nivel global asciende a cerca de 700,000 millones de dólares anuales hacia países de ingresos bajos y medianos.
Para los migrantes que radican en Europa, las trabas bancarias y la falta de regulaciones oficiales en ciertos corredores los obligan a depender de redes informales o clandestinas. Testimonios recopilados en Madrid por parte de ciudadanos de Venezuela detallan que deben someterse a transacciones donde los intermediarios modifican de forma arbitraria los porcentajes de cambio diarios del dólar, imposibilitando calcular la cantidad exacta que llegará a destino. Una situación similar viven los ciudadanos cubanos debido a la falta de liquidez física de los bancos locales y a la inviabilidad de usar tarjetas bancarias oficiales en la isla, lo que fuerza a realizar transferencias hacia particulares que entregan el efectivo cobrando altas tasas de comisión para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud.
El panorama es aún más crítico en Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas migratorias y de deportación implementadas por el Gobierno de Donald Trump. Los migrantes en situación irregular que carecen de cuentas bancarias se ven forzados a recurrir a tiendas de productos latinos donde se les exige llenar formularios con datos personales, un requisito que les genera un fundado temor a ser identificados y localizados por las autoridades. Ante el peligro de expulsión, ha proliferado un esquema donde terceras personas con estatus legal abusan de la necesidad y cobran tarifas de hasta 50 dólares a cambio de “prestar su nombre” y documentos oficiales para canalizar las transferencias hacia México.
Frente a este escenario de supervivencia, la campaña global del año 2026 promovida por Naciones Unidas hace un llamado a los sectores público y privado para articular entornos normativos e infraestructuras digitales inclusivas. El propósito central es transicionar hacia servicios financieros digitales que sean asequibles, competitivos y centrados en las personas. Con estas medidas, se busca que las familias receptoras no solo dependan de la remesa para subsistir en el corto plazo, sino que cuenten con herramientas seguras para el ahorro, el acceso a créditos y el impulso de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en sus comunidades de origen.