Redacción / Grupo Marmor
El Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue analizando propuestas que podrían abrir el camino a la despenalización de la muerte médicamente asistida. En este contexto cobró fuerza la llamada “Ley Trasciende”, una iniciativa ciudadana de reforma impulsada por Samara Martínez, una joven activista de 31 años diagnosticada con lupus e insuficiencia renal crónica terminal, cuyo objetivo primordial es modificar la Ley General de Salud para que las personas con enfermedades terminales o padecimientos degenerativos irreversibles puedan elegir libremente y con asistencia médica el fin de su sufrimiento.
La propuesta legislativa define a la eutanasia como un procedimiento médico, legal y estrictamente voluntario, al cual solo podrían acceder personas mayores de dieciocho años que cuenten con el pleno uso de sus facultades mentales y cuyo diagnóstico de enfermedad incurable sea confirmado de manera independiente por al menos dos médicos. Para evitar decisiones impulsivas, el proyecto establece candados formales muy estrictos, como la obligación de presentar la solicitud de forma libre e informada por escrito ante un notario público, abriendo además un periodo de reflexión obligatorio de cinco días en el cual el paciente deberá ratificar su consentimiento antes de proceder, manteniendo el derecho de revocar su decisión en cualquier momento del proceso sin necesidad de dar justificaciones.
Un aspecto nuevo de esta iniciativa es que regula un esquema preventivo de voluntad anticipada para aquellas personas que en el futuro puedan desarrollar padecimientos crónico-degenerativos que mermen sus capacidades cognitivas, como ocurre con la demencia, permitiéndoles dejar asentada su elección desde antes y designar formalmente a un gestor de su voluntad. Asimismo, el documento aclara que la eutanasia no pretende sustituir a los cuidados paliativos, por lo que garantiza que quienes opten por ella conservarán intacto su derecho a recibir atención médica integral y manejo del dolor, mientras que en materia de objeción de conciencia se permite que los médicos se abstengan de participar por razones éticas o religiosas, obligando a los hospitales públicos a contar con personal no objetorpara canalizar al interesado en un máximo de cuarenta y ocho horas.
De ser aprobada, la “Ley Trasciende” derogaría el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, el cual actualmente prohíbe de forma expresa la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. Es fundamental diferenciar estos términos de la voluntad anticipada, que consiste en el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida y que ya es legal en catorce estados de la República, incluyendo a Michoacán y la Ciudad de México. A pesar de que la iniciativa ciudadana ya sumó el respaldo público de senadores de diversas bancadas como Morena, PRI, PT y Movimiento Ciudadano, la propuesta enfrenta una férrea resistencia por parte del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos, de organizaciones civiles como Red Familia y de la Iglesia Católica a través de la Arquidiócesis Primada de México, sectores que coinciden en que la prioridad del sistema de salud debe ser reforzar el acompañamiento humano y el alivio del dolor antes de abrir la puerta a intervenciones activas para terminar con la vida.