Redacción / Grupo Marmor
El gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila, enfrenta severos cuestionamientos tras la revelación realizada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor sobre la presunta existencia de un expediente elaborado desde la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De acuerdo con la denuncia, el documento concentra registros e información de carácter personal sobre comunicadores y activistas considerados críticos de la administración, la cual habría sido utilizada como un mecanismo de filtrado para restringir su acceso durante el informe del mandatario.
La información expuesta señala que los registros incluyen datos altamente sensibles como números telefónicos, domicilios particulares, fotografías de inmuebles, placas de vehículos, referencias sobre condiciones de salud mental y supuestos esquemas de cooptación. La concentración de estos datos por parte de una institución policial genera una fuerte alerta entre colectivos de derechos humanos y libertad de expresión, al exponer la integridad física de las personas registradas en una entidad golpeada por la violencia del crimen organizado.
Ante la gravedad de los hechos, diversos sectores han exigido una explicación formal a las autoridades estatales para esclarecer el origen de los archivos, los fundamentos legales bajo los cuales se recopilaron y el personal que tuvo acceso a ellos. Hasta el momento, la administración estatal no ha emitido una postura oficial para deslindar responsabilidades o aclarar la presunta utilización de la estructura pública en el perfilamiento de quienes ejercen la crítica ciudadana en la entidad.