Julieta Coria / Grupo Marmor
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó durante su conferencia de prensa de este viernes avanzar en un mecanismo para revisar a quienes busquen una candidatura y detectar posibles vínculos con grupos del crimen organizado, de cara a las elecciones de 2027.
La propuesta busca que los partidos políticos puedan entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) los nombres de sus aspirantes para que sean sometidos a una revisión de información relacionada con posibles riesgos o vínculos con organizaciones delictivas.
El punto clave es que el procedimiento será voluntario. Es decir, los partidos decidirán si entregan los listados de sus aspirantes y, posteriormente, tendrán que determinar qué hacer con la información que reciban.
¿Cómo funcionará la revisión?
De acuerdo con el mecanismo planteado por el Gobierno federal y los lineamientos aprobados por el INE, los partidos podrán entregar de manera voluntaria, total o parcial, la relación de personas que aspiren a una candidatura.
El INE, a través de una comisión integrada por tres consejeros, remitirá los nombres a distintas instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para realizar las revisiones correspondientes.
Las autoridades podrán determinar si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos con grupos delictivos. Sin embargo, la información no será pública ni significará automáticamente que una persona quede fuera de la contienda.
La información será entregada al partido político correspondiente, que tendrá la responsabilidad de decidir si continúa o no con la postulación. El INE no podrá descalificar directamente a un aspirante con base únicamente en este mecanismo.
¿Qué pasa si un candidato no quiere ser revisado?
Otro de los puntos establecidos es que la participación será voluntaria y requerirá el consentimiento previo, expreso e informado de las personas cuyos perfiles serán analizados.
Además, los lineamientos señalan que negarse a participar en el procedimiento no podrá considerarse por sí mismo como una señal de riesgo.
La medida llega en medio de la preocupación por la violencia y la posible infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. El INE ha señalado que durante las elecciones de 2024 se registraron al menos 138 agresiones contra candidatos, entre ellas 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el objetivo es establecer un filtro adicional para que los partidos conozcan posibles riesgos antes de definir sus candidaturas.
La propuesta, sin embargo, deja una decisión fundamental en manos de los partidos: qué hacer cuando una revisión advierta un posible vínculo con el crimen organizado.
Por ahora, la revisión no será obligatoria, pero coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta rumbo a 2027: ¿debería ser obligatorio revisar a todos los candidatos antes de que lleguen a la boleta?