Redacción / Grupo Marmor
Organizaciones defensoras de los derechos LGBT+, entre ellas el Comité Orgullo Mexicali y la Comunidad Arcoiris de Baja California, han alzado la voz para denunciar formalmente a la agrupación denominada “La Patrulla Espiritual”.
La acusación surge tras la difusión de un video el pasado 9 de mayo, donde se observa el “levantamiento” forzado de una mujer trans en Tijuana, quien fue ingresada contra su voluntad al Centro Jireh. Los colectivos señalan que estos actos no son labor social, sino un sistema de ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), mejor conocidas como terapias de conversión, las cuales están estrictamente prohibidas por la ley.
“La identidad no es una enfermedad”, sentenciaron los colectivos, quienes demandan el cese inmediato a la difusión de videos que vulneran la integridad de las víctimas para el entretenimiento de terceros en redes sociales, sentando un precedente necesario para la protección de la diversidad sexual en México.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, la víctima fue sometida a degradación, humillación pública y privación ilegal de la libertad bajo un discurso de “corrección espiritual”. El documento detalla que se le impuso vestimenta masculina y un corte de cabello forzado para deslegitimar su identidad de género mediante tortura psicológica. Ante la gravedad de los hechos, activistas y el regidor Alfredo Wong han exigido a la fiscalía general del Estado (FGEBC) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciar una investigación penal contra Jesús Ignacio Osuna Torres, alias “El Chiquilín”, líder de la agrupación, por delitos de odio y violaciones graves a la dignidad humana.
Las organizaciones exigen además la clausura de estos centros operativos y una revisión profunda de su financiamiento, alertando que se están normalizando prácticas de tortura digital y física.